La pasada semana, el Parlamento europeo aprobaba la llamada “directiva de la vergüenza” contra la inmigración ilegal con el indecente voto a favor de todos los europarlamentarios del PSOE, excepción hecha de los señores Borrell y Obiols, cuya disidencia e indisciplina” acaso habrá servido para salvar algo del honor democrático del socialismo español ante los pueblos del mundo. No podía venir en momento más oportuno este reportaje de la periodista italiana Sara Prestianni sobre los centros de internamiento para extranjeros ilegales en España, el infierno de los sin papeles y sin derechos...
Barcelona, Málaga, Algeciras…Inicialmente eran 8 y han pasado a ser 10 los “centros de internamiento para extranjeros” que, en realidad, son prisiones de máxima seguridad puras y duras, en las que ningún diputado español tiene derecho de entrar. Barrotes en las ventanas, tiempos reglamentados y policías que vigilan las jornadas de los emigrantes, entre los cuales hay también menores y mujeres embarazadas.
El miércoles 28 de mayo, el ministro español del Interior, Rubalcaba, anunciaba, al calor de la discusión relativa a la directiva europea sobre repatriaciones, la modificación de la ley sobre la inmigración, con el objetivo de prolongar de 40 a 60 días el límite máximo de detención en los centros de permanencia temporal españoles. Pero pocos conocen qué es lo que está ocurriendo realmente tras los muros de los 10 centros de detención existentes en el territorio español. Durante los últimos años, tan solo algunos parlamentarios europeos han recibido la autorización para entrar, ningún diputado nacional, y tampoco las asociaciones que desde hace tiempo luchan por que sea haga la luz sobre las cárceles para emigrantes, han podido franquear la puerta de los CIE (centros de internamiento para extranjeros) españoles. En julio de 2007, en el ámbito de la investigación promovida por la Comisión Libe sobre las “Condiciones de los ciudadanos de terceros países hospedados en los centros (campos de detención, centros abiertos y zonas de tránsito) atendiendo en particular a los servicios disponibles por personas con necesidades específicas, en los 25 Estados de la Unión Europea”, logramos franquear el umbral.
Ante nosotros, puras y duras prisiones de máxima seguridad donde los emigrantes son “acogidos” tras el desembarco en territorio español o “aguardan” el procedimiento de expulsión. De Madrid a las Canarias, el escenario se repite: celdas cerradas con llave día y noche, instalaciones en pésimo estado, sobre todo en los centros del sur, solo personal perteneciente al cuerpo de Policía Nacional, una total incomunicación con el mundo exterior, un servicio de asistencia psicosanitario ausente o profundamente deficitario y numerosos testimonios recogidos sobre violencias perpetradas contra los emigrantes por parte de los vigilantes.
Los centros de detención en España eran inicialmente 8, después pasaron a ser 10, so pretexto de la “emergencia por invasión” durante el verano del 2006, cuando, como respuesta a la llegada a las costas de las Canarias de cayucos, que procedían de Senegal y Mauritania, dos campamentos militares de la época franquista fueron habilitados como centros de detención, Las raíces, en Tenerife, La Isleta en Gran canaria.
Nuestras visitas comienzan en el CIE de Barcelona , centro de detención modelo, abierto en agosto de 2006, tras la clausura de otro, tristemente famoso, el de La Verneda. El nuevo centro reluce como una patena, las celdas están limpias, así como los espacios comunes y el comedor, pero se asemeja más una cárcel de máxima seguridad que a un lugar de detención por un delito administrativo, como lo es el hecho de no tener papeles.
Las rejas de los portones se cierran detrás de nosotros, y el director del centro, comandante de la Policía Nacional, comienza la visita ilustrándonos sobre los dos bloques el masculino y el femenino, que tienen una capacidad total de 226 plazas. Continuamos con las celdas de aislamiento, previstas para quien no se comporta según el reglamento del centro, es decir, en la práctica, para quien se queja de las condiciones carcelarias o se rebela ante la expulsión. El nicho de aislamiento tiene tan solo un catre y ningún acceso a la luz exterior, solo una pequeña rejilla que da al corredor. Al lado, han sido habilitadas dos celdas especiales para núcleos familiares, que se diferencian de las otras por el hecho de estar provistas de una pequeña cama para los neonatos y de un pequeño sofá. España, a diferencia de Italia, permite la detención de menores, aunque vayan acompañados, y de mujeres embarazadas, aunque se encuentren en avanzado estado de gestación. Los emigrantes que están detenidos deben respetar un férreo horario que jalona su jornada: despertarse a las 8, 30 y desayuno; de las 10 a las 13, 30 permanecen recluidos en el patio o en la sala común, porque las habitaciones quedan cerradas; de las 13, 30 a las 16 deben trasladarse obligatoriamente a la zona de alojamiento, que, acto seguido, es cerrada con llave; las visitas están previstas de las 17 a las 19; a las 19,30 cenan y a continuación son acompañados a las celdas, que son cerradas con llave a las 23. En algunos centros, como en el de Madrid, las celdas, cerradas durante la noche, no están provistas de servicios higiénicos y los detenidos, como nos cuenta una joven mujer embarazada, se ven obligados a orinar en el lavabo.
Al llegar a las celdas comunes nos encontramos ante una escena que se repetirá, inevitablemente, en todos los centros: los emigrantes se apretujan junto a los barrotes, gritan, llamando la atención de la única persona que no lleva uniforme que han visto entrar en el centro, para narrarle las trágicas condiciones en las que se encuentran. Uno de ellos nos cuenta que a penas acaba de desembarcar en España. Salió del Camerún dos años y seis meses antes –dice-, ha pasado un año y ocho meses viviendo en los bosques de Marruecos en condiciones de total precariedad y expuesto a persecuciones y violencias. No quiere volver a Camerún y no comprende por qué debe estar detenido, esperaba que España fuese diferente y que las vejaciones a las que ha sido sometido en Marruecos, nuevo gendarme de Europa, hubiesen terminado.
Pero para comprender lo que es un centro de detención en España es necesario bajar al sur y visitar el CIE de Málaga y el de Algeciras. Las dos ciudades andaluzas habían sido, durante los últimos años, el principal punto de llegada a España, antes de que fuese instalado el SIVE, el sistema de radar e interceptación marítima, que desplazó las puertas de Europa a las Canarias. Tras la colaboración de Senegal y Mauritania en las operaciones de control de fronteras, en el marco de acción del Frontex, el punto de partida hacia Europa se ha vuelto a desplazar nuevamente a Marruecos, a Alhucemas, y las costas de la península española vuelven a ser el primer lugar de llegada de centenares de emigrantes.
El centro de Algeciras es la antigua cárcel de la ciudad –un viejo edificio totalmente abandonado- , el de Málaga, una edificación que data de principios del siglo XX, utilizada anteriormente como convento de monjas y a continuación como cuartel militar, para quedar abandonada luego durante muchos años, antes de ser habilitada como centro de detención. En ambas edificaciones el personal pertenece a la Policía Nacional, desde el director del centro hasta el médico de turno. El centro de Málaga, cuya clausura ha sido exigida por el mismo fiscal del estado es tristemente célebre por las denuncias sobre abusos sexuales cometidos por parte de los policías sobre las detenidas. A pesar de las graves acusaciones, el centro sigue activo: con una nueva gestión, las detenidas violadas han sido expulsadas y los policías han sido trasladados a otro centro. Los emigrantes viven en naves comunes completamente a oscuras, porque los enrejados de las ventanas son tan tupidos que no dejan pasar la luz, el resto del tiempo lo pasan en un patio de 10 metros cuadrados al que no hemos tenido acceso, por motivos de seguridad.
Pero es en el centro de El Matoral, uno de los mayores campos de detención europeos, cuya capacidad oficial es de 1010 personas (pero que ha llegado a contener hasta 2000), situado en Fuerteventura, isla del archipiélago de las Canarias, donde las condiciones de detención se degradan más todavía. El centro está dividido en dos zonas, por un lado dos grandes naves con una capacidad para 350 personas cada una, dotadas de un baño y alguna ducha e inundadas de desperdicios acumulados durante días. Por otro lado pequeñísimas celdas, pero dotadas de una veintena de literas cada una, se alinean una tras otra. En la penumbra, las caras de los emigrantes encerrados se acercan a las rejas, todos van vestidos de igual modo y narran la misma trágica historia de la travesía del mar. Nos cuentan también que pasan los días encerrados en las celdas, y que salen una vez al día, para comer. Entre ellos, muchas caras de menores reconocidos como mayores por el test óseo al que han sido sometidos en la jefatura de policía, inmediatamente después del desembarco. Tendrán el mismo destino que los demás: la alternativa entre un vuelo a la península para después ser liberados y convertirse en nuevos clandestinos de Europa o un vuelo con destino al país de procedencia. Desgraciadamente no les está permitido elegir entre una u otra alternativa, este poder está en las manos de los gobiernos europeos y africanos, que firman acuerdos de readmisión y envían fondos para permitir la repatriación inmediata de los emigrantes que desembarcan en territorio europeo.
A muchos emigrantes los encontramos en fila ante el ambulatorio, con el cuerpo torturado por las heridas infectadas que se han causado durante los 15 días de la travesía en las carretas del mar, quemaduras de carburante o picaduras de insectos. Solo una monja voluntaria cuya presencia en el centro es intermitente, desinfecta momentáneamente las heridas, pero su contribución resulta limitada frente al número de la población presente. Al médico, dicen, no lo ven desde hace al menos una semana. No nos sorprende en consecuencia saber que a uno de los jóvenes subsaharianos llegados a Barcelona tras 40 días de internamiento en las Canarias le tuvieran que amputar una pierna. La herida producida por las condiciones de extrema precariedad del viaje hasta la costa senegalesa, infectada por el agua mezclada con carburante durante la travesía se gangrenó hasta el extremo de no dejar otra solución que la amputación. Pero los emigrantes del Cíe y del Matoral en Fuerteventura, no solo se lamentan de la falta de asistencia. Hablan también de violencias físicas por parte de la policía que controla el centro, golpes de porra reservados a quien se sale de la fila obligatoria durante la distribución de la comida o a quien, simplemente, trata de oponerse al viaje de expulsión. Precisamente para evitar este “problema”, nos dice un policía, generalmente no se dice nunca al detenido que va a ser expulsado, sino que se prefiere hacerle creer que va a ser trasladado a la península. Esta práctica es confirmada también por el director del centro, quien, como dice la placa exhibida en su oficina, siguió un “curso de perfeccionamiento” con los carabinieri italianos durante la época del desembarco de las balsas neumáticas albanesas en Puglia, y parece sentir una gran nostalgia de aquel tiempo.
La violencia de la policía que gestiona y controla la institución, es denunciada también por los emigrantes del centro de detención de Madrid. Cuando nos ven llegar se agolpan ante las rejas de la celda común donde se les obliga a pasar el día entero: encerrados, obligados a pedir permiso a los policías incluso para poder ir al baño. Entramos, entre los desperdicios y el hedor a orina que penetra la garganta, las narraciones se repiten: arrestos, detenciones arbitrarias, violencias. Las visitas terminan, los centros se cierran, pero la movilización ya ha comenzado y en España se preguntan qué es lo que está sucediendo realmente tras los muros de estos centros que se parecen mucho más a una cárcel de máxima seguridad que a un centro de detención administrativa. El 21 de junio, los militantes y las asociaciones españolas se han dado cita ante el centro de detención de Málaga, para exigir, definitivamente, su clausura. 22/06/08
(*)Sara Prestianni.es una periodista italiana que escribe para cotidiano Il Manifesto.
Tomado de la ediciòn internet de la Revista SIN PERMISO del 22/06/2008
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Espero tu amable comentario