¿Por qué ponerse, otra vez, la misma camisa de fuerza?_Humberto Campodónico

Esta historieta de Quino, puede expresar muy bien la reacción de cualquiera de nosotros después de leer la columna del economista Humberto Campodónico que reproducimos a continuación y que ilustra, con meridiana claridad, la asimetria con que el estado peruano trata a las empresas nacionales y a las extranjeras, llevándonos a pensar que la democracia en nuestro país, solo sirve para depositar un papelito cada cierto número de años, mientras que los rigores de la SUNAT caen sobre todo aquel que en el Perú, se atreve a hacer empresa...formalmente, siempre y cuando, claro, que no se trate de un próspero empresario minero y, especialmente, extranjero.

(Jesús Hubert)

Hace pocos días se dio a conocer que el Estado peruano, a través de Proinversión, suscribió un Convenio de Estabilidad Jurídica con Rio Blanco Copper, propietaria de Minera Majaz SA, que tiene un proyecto en la Región Piura. Río Blanco Copper es propiedad de Monterrico Metals, empresa del Reino Unido que, en mayo, fue adquirida por la china Zijin.

Este convenio se suscribe al amparo de la legislación vigente y se inscribe dentro de la Constitución de Fujimori de 1993 que en su artículo 62 dice: "Mediante contratos-ley, el Estado puede establecer garantías y otorgar seguridades. No pueden ser modificados legislativamente, sin perjuicio de la protección a que se refiere el párrafo precedente". El párrafo precedente dice: "Los términos contractuales no pueden ser modificados por leyes u otras disposiciones de cualquier clase".

En otras palabras, los contratos de estabilidad jurídica (CEJ) siguen "blindados" por la Constitución de 1993, lo que no está en las Constituciones del resto de los países de la Región. Recordemos que, en la campaña electoral, el APRA planteó volver a la Constitución de 1979, que no contempla "contratos ley". El propio FMI está en contra de estos contratos porque discriminan contra las empresas peruanas, que no tienen ese régimen preferencial.

Esto quiere decir que, como sucede con todos los CEJ firmados hasta la fecha, la Constitución los protege de la posibilidad de que se les aplique, por ejemplo, un impuesto a la sobreganancia minera, en el caso –bastante probable– que los precios de los minerales sigan en los extraordinarios niveles alcanzados desde el 2005. Se otorgan, además, otros privilegios, como la posibilidad de la empresa de renunciar al CEJ, lo que el Estado no puede hacer.

Dijo este gobierno, en agosto del 2006, que no se podía aplicar el impuesto a la sobreganancia porque se habían firmado "contratos ley" y el gobierno era "respetuoso de la estabilidad jurídica".

Frente a este argumento, afirmamos que si los acuerdos pueden ser modificados por acuerdo entre las partes, entonces el gobierno debía hacer ese planteamiento a las empresas mineras. Pero no lo hizo, incumpliendo su promesa, y aceptando un misérrimo aporte voluntario (óbolo) ofrecido por las empresas mineras.

Ese fue el argumento del 2006. Pero, ¿por qué, hoy, a mediados del 2007, el gobierno insiste en ponerse otra vez la misma camisa de fuerza? La respuesta "legalista" es: "lo que pasa es que no hemos cambiado el régimen jurídico y como éste sigue vigente, entonces tenemos que seguir firmando contratos-ley blindados".

Increíble pero cierto. Y eso no solo sucede con Majaz, pues es también el caso de todos los contratos petroleros suscritos en julio. En verdad, entonces, lo que el gobierno nos dice es que continúa la política de Fujimori. Si ese no fuera el caso, era muy simple alguna fórmula legal que, por lo menos, deje en suspenso el art. 62 de la Constitución. Mayoría parlamentaria no le hubiera faltado.

Dicho esto, el CEJ trae otra mala señal: el continuismo en política minera que ha causado una serie de conflictos sociales y ambientales en los últimos años, por lo que su modificación está en la orden del día. Al firmar el CEJ, Monterrico Metals da un primer paso para entrar en Piura, cuando aún no ha presentado el Estudio de Impacto Ambiental ni, tampoco, el Estudio de Factibilidad, los que deben ser aprobados por el Ministerio de Energía y Minas.

La firma del CEJ se produce antes de la realización de la consulta vecinal de setiembre a los pobladores de los distritos de Carmen de la Frontera y Ayabaca para decidir si aceptan o no la continuidad de Majaz. Cierto, la consulta no es vinculante según la legislación vigente. Justamente, eso es algo que debiera modificarse para que la inversión tenga "licencia social", indispensable para promover la gobernabilidad y la estabilidad de largo plazo. No es eso, como vemos, lo que propone el continuismo de los contratos-ley blindados y de la política minera.

Diario "La Repúbica" de Lima, Perú / Martes, 07 de agosto de 2007