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miércoles, octubre 13, 2010

¿Dictadura electoral en el Perú?_ Escribe: Antonio Zapata, historiador / La República






Seguramente que, desde fuera del Perú, no se debe entender por qué a diez días de las elecciones municipales y regionales, aun no se conocen los resultados definitivos, particularmente, de Lima, la capital.

La candidata favorita a la alcaldía de Lima, según las encuestas de días anteriores a los comicios, Susana Villarán - por extraña “coincidencia” candidata de un frente de partidos y grupos de izquierda - aparece como la principal afectada por las actas impugnadas, en virtud de disposiciones caprichosas, extrañamente sacadas del sombrero solo quince días antes del proceso electoral, cuando ya se perfilaba con toda nitidez a la ganadora.

En democracia, la autoridad y la ley es legitima, si regula el bien común y sirve de cause al interés de las mayorías, caso contrario, ambas se hacen ilegitimas.

Conozcamos las peligrosas consecuencias para el estado de derecho y la democracia en el Perú, que tiene esta anómala situación política, a través del certero análisis del historiador Antonio Zapata. (Jesús Hubert)



La primera vez que hubo escrutinio en mesa fue en las elecciones de 1956. Por su parte, las mujeres acababan de obtener el derecho al voto, convirtiendo a esa competencia electoral en la primera de la modernidad política. Anteriormente, las ánforas se llevaban a los jurados departamentales y ahí se contaban los votos. El sistema antiguo no ofrecía ni seguridad ni confianza. Las elecciones se manipulaban de acuerdo a los vaivenes políticos y la voluntad del poder. Por ejemplo, las elecciones de 1936 fueron canceladas cuando el JNE descubrió que iba ganando Luis Antonio Eguiguren, un candidato que no era del agrado del presidente.

Así que se anularon y el presidente Benavides tomó la insólita decisión de quedarse tres años extras. Por ello, en 1956 se decidió reforzar la democracia contando los votos en mesa, en acto público y con presencia de personeros.

Ese sistema acaba de ser revertido por la inverosímil incompetencia de la ONPE y la mala fe del JNE. En realidad, el 26% de las actas observadas significa que el cómputo final ya no es en mesa, sino en los jurados especiales. Ahí se tomarán las decisiones sobre qué acta vale y cuál no se cuenta. Incluso las normas para determinarlo no son fijas y dependen de la voluntad arbitraria de los integrantes de estos jurados. Como estos jurados son presididos por personas nombradas por el presidente de la Corte Superior de Lima, que es un allegado cercano al partido de gobierno, resulta que todo el sistema ha perdido calidad democrática.

Estamos retrocediendo en nuestras costumbres políticas y volviendo al sistema que imperaba antes de 1956. Ahora la decisión se adopta en el jurado y no en mesa. Ya no se gana en cancha, sino con discusión de abogados ante jueces nombrados indirectamente por el poder y que actúan con arbitrariedad.

La responsabilidad de este retroceso corresponde tanto al JNE como a la ONPE. La señora Magdalena Chú parece improvisada. Cómo es posible que se haya demorado dos días en contar las actas que había recibido, si la anterior jefatura de ONPE, dirigida por Fernando Tuesta, entregaba resultados parciales la misma noche, cuatro horas después de los comicios. Además, en ese entonces, los trabajadores de ONPE, a cargo de los colegios, estaban capacitados e instruían a los miembros de mesa para que eviten errores simples que luego se traducen en actas observadas. En suma, la ONPE no se ha preparado para su función, no obstante que a estas alturas hay grandes avances tecnológicos y enorme experiencia acumulada.

Por su parte, el JNE se empeña en complicar el acta donde se consignan los resultados de las mesas. Cualquiera que haya sido miembro de mesa sabe lo dificultoso que resulta llenar el acta y el tiempo que se invierte en las seis actas oficiales. En vez de simplificarla, el JNE la hace más compleja y endurece condiciones a quince días del proceso. Para que un acta estuviera al 100%, era necesario recabar nueve firmas y nueve huellas digitales. Tanto exceso es intencional, pues el JNE quiere que la ONPE fracase para desaparecerla.

Hacia adelante, las elecciones de abril son más complicadas que las municipales. Contabilizar los votos para el Congreso es difícil, debido al sistema preferencial. En ese caso, el acta es más compleja que la municipal. Si en esta se han equivocado el 26%, en la próxima apenas habrá alguna correcta. Corremos el riesgo de que la decisión se traslade íntegramente de los electores a los jurados que revisan actas intencionalmente observadas. En realidad, el poder será de quien ejerza autoridad sobre los jurados electorales.

El problema principal es la elevada correlación entre dictadura y procesos electorales ilegítimos. Si la ciudadanía desconfía del sistema electoral, se cae la democracia. ¿Es esto lo que se busca?

Publicado en el Diario La República, de Lima-Perú, el 13/10/2010, con el título: “Escrutinio en mesa”

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