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sábado, mayo 16, 2015

José Matos Mar y Antonio Zapata, un antropólogo y un historiador hablan sobre Tía María_ Diarios El Comercio y La República





Un antropólogo y un historiador, ponen su cuota de conocimiento, razón y responsabilidad para esclarecer el conflicto del proyecto Tía María.

Al margen de sus puntos de vista particulares, salta a la vista que, tanto la empresa Southern Perú como el Estado Peruano, nunca han tomado en serio a las poblaciones que serán afectadas por el proyecto.

Igualmente es evidente la inequidad de trato y consideración de las autoridades y del gobierno central, con la empresa y con los pobladores, repitiendo la relación de subordinación colonial de los pueblos respecto a la autoridad central.

La falta de respeto a la dignidad de las personas es una de las principales causas de los conflictos a nivel personal y también social. Ya es tiempo que los políticos no solo acudan a los hijos del Perú “profundo” para encandilarlos y arrancarles sus votos.

Es una pena que sean los más humildes, en este caso los campesinos y los policías, los que tienen que pagar con su sangre los yerros y las irresponsabilidades de sus gobernantes de turno. (Jesús Hubert)


SÁBADO 16 DE MAYO DEL 2015 | 06:00

El desborde popular en acción,

por José Matos Mar
Antrópologo

Claves para entender el conflicto de Tía María.


El proyecto Tía María es muy importante para el país. Por ello, es fundamental que los científicos sociales ayudemos a entender el conflicto en toda su dimensión. Para mí es un ejemplo vivo de lo que he llamado desborde popular. Con apoyo de un colaborador, propongo algunas claves de este drama.
Primer acto: Incomprensión de la realidad. Como todo valle costeño, el del río Tambo tiene tres sectores muy bien diferenciados: el bajo, formado por agricultores independientes; el medio, formado por los obreros de la Central Azucarera Chucarapi; y el alto, formado por campesinos. El sector bajo corresponde a los distritos de Deán Valdivia y Punta de Bombón, con 12 mil pobladores; mientras que el medio y alto corresponde al distrito de Cocachacra, con 10 mil pobladores.


Una consultora extranjera elabora el diagnóstico y trata a todos como si fueran una realidad homogénea. Como consecuencia, la negociación del estudio de impacto ambiental (EIA) se hace con los pobladores del sector bajo, sin tomar en cuenta al medio y al alto, que son las zonas de influencia directa del proyecto minero. Conclusión: sector alto y sector medio excluidos pese a ser tan numerosos como el sector bajo.


Segundo acto: Error empresarial. En diciembre del 2013, la empresa interesada lleva a cabo la audiencia pública que manda la ley y, conocedora de la resistencia del sector bajo, trae desde Arequipa a un centenar de jóvenes estudiantes que sustituyen a los agricultores. En 30 minutos exponen el EIA de 300 páginas y “absuelven” las 138 observaciones formuladas por la Oficina de Proyectos de las Naciones Unidas. Conclusión: sector bajo también excluido del conocimiento del proyecto. 

Como era lógico de esperar, en ese momento nace la protesta. 


Tercer acto: Miopía del gobierno. Ajeno a estas dos realidades, en abril de este año el actual primer ministro visita Mollendo y demanda “orden”. Inmediatamente se desata la violencia. Si de verdad quería poner orden, hubiese sido más aconsejable no viajar a Mollendo y a cambio ir a la avenida Las Artes de San Borja para sancionar a los funcionarios del Ministerio de Energía y Minas que se prestaron al despropósito de no cumplir la ley en la audiencia de aprobación del EIA. 


Además, el Ejecutivo forma una comisión con cuatro respetables técnicos, ministros de Estado, para negociar con los dirigentes opositores del proyecto. El supuesto implícito es que el problema es técnico y no político o social. Los opositores se dan el lujo de desairar a los ministros, a la presidenta del Congreso y a la gobernadora regional. Un incidente inadmisible que me hizo recordar que en el 2004, en el Caso Ilave, Luis Thais hizo llevar a Puno a los dirigentes renuentes en patrullero y luego de hablar con ellos se fue solo sin policía a la plaza de Ilave, donde saludó en aimara a la población e inició el diálogo. Una mezcla de firmeza y apertura democrática que ahora se hizo extrañar.
Conclusión: la protesta, lejos de aplacarse, se encrespa hasta hacerse inmanejable.

Luego nadie supo qué hacer. Los opositores extreman su violencia para provocar un muerto más y lo logran. El gobierno apuesta por la militarización. La empresa no sabe si continuar o paralizar el proyecto.


Colofón. Este resumido balance nos arroja tres factores claves: 1°. El punto de partida de la empresa estuvo errado; 2°. Debido a ello, en la negociación no están todos los actores sociales que deberían estar; y 3°. Quienes deben negociar políticamente por el gobierno no han sabido hacerlo bien.
¿Todo está perdido o hay salidas viables y racionales? Considero que sí las hay. 

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Primero, el gobierno debe reconocer que este no es un problema técnico, que no se trata de ofrecer una obra de agua potable a un alcalde o de encarcelar a un extremista. Eso no resuelve el resentimiento histórico del valle con la empresa ni crea condiciones sostenibles para la inversión. La mejor solución sería designar a un alto comisionado, cercano a la Presidencia de la República, que dirija un nuevo proceso y realice ofertas y establezca compromisos políticos.


Segundo, en lugar de negociar con solo una parte del valle, debería incluirse a las organizaciones de los sectores medio y alto que también tienen algo que decir y que han estado al margen de este conflicto. Nótese que la violencia se ha producido del puente Pampa Blanca para abajo, en solo un tercio del valle, y entre Mollendo y Matarani la zona más lejana del proyecto.


Por último, si la empresa desea convivir en el largo plazo con el valle, debería comprometerse a apoyar un proyecto de desarrollo microrregional a 20 años. Si así lo hiciese, ¿alguien se opondría? 


Conga y Tía María


13/05/2015


Escribe:


Antonio Zapata
Historiador


No obstante el ingreso de las FFAA a controlar el orden público, pareciera que el proyecto de la Southern en Islay quedará postergado. El ejército puede manejar la región, pero no se ve posible que en el corto plazo comience efectivamente el trabajo de la mina. De este modo, bajo este gobierno, dos grandes proyectos mineros habrán sido suspendidos. Antes que se presente una tercera crisis, conviene reflexionar sobre las políticas que podrían librar al país de estos costosos conflictos sociales.


Como sabemos, de acuerdo a nuestra tradición legal, el subsuelo pertenece a la nación y no al propietario de la superficie, como en la legislación anglosajona. Este punto es clave porque introduce al Estado como representante legal de la nación y propietario de los bienes que se hallan en el subsuelo. A partir de ahí, el Estado saca en concesión y firma contratos con compañías interesadas en la explotación de esos recursos.


Por su parte, los derechos de los dueños de la superficie históricamente han sido menospreciados. En casi todas las ocasiones se ha tratado de comunidades indígenas o campesinos pobres que simplemente eran arrimados y puestos de lado.


Ante ello, en los últimos años y gracias a acuerdos internacionales, se ha promulgado una legislación que establece consultas previas a la población indígena, como mecanismo para obtener la llamada “licencia social”. Aunque en ningún caso son vinculantes y el Estado decide en última instancia.
Pero la consulta previa no es obligatoria a poblaciones que no son calificadas como indígenas. 

Aunque la ley de municipalidades abre una puerta y gracias a ella se han llevado adelante consultas en dos ocasiones, Tambogrande e Islay. En ambas ha perdido la minería porque los agricultores le temen, ya que las empresas extractivas pocas veces han sido cuidadosas con la naturaleza.


Este es otro punto clave. Existe suficiente experiencia histórica sobre lo destructiva que puede ser la actividad minera. Desde la primera explotación moderna, la Cerro de Pasco Corporation y los famosos humos de La Oroya, se sabe que la minería envenena el agua y amenaza a la ganadería y agricultura. Por ello, la legislación que plantea la consulta previa es absolutamente necesaria, porque la población que vive al lado de la mina tiene derecho a exigir condiciones ambientales que permitan la coexistencia de formas de vida. La mina está irrumpiendo y debe garantizar que las anteriores actividades productivas puedan sobrevivir.


Esta consulta previa debería extenderse a todas las poblaciones adyacentes a los proyectos mineros y no ser válida solo para indígenas. Por su parte, como no es vinculante, al final interviene el Estado, en tanto representante de la nación verdadera dueña del subsuelo.


Pero el Estado es débil y poco confiable, ya que tenemos suficiente experiencia de su colusión con las grandes empresas extractivas. Como somos un país rentista, sus ingresos dependen en buena medida de los impuestos que cobra a las empresas dedicadas a la exportación de materias primas. Por ello, el Estado se inclina a defender esos intereses y posterga a los ciudadanos pobres que no son contribuyentes.


Estas deficiencias del Estado no han de resolverse en el corto plazo y sin embargo se requiere soluciones para evitar este peligroso camino de explosiones sociales ante los proyectos mineros de envergadura. Un mecanismo podría ser un plebiscito nacional para aprobar un tema de fondo que este gobierno dejó caer: una zonificación nacional.


A estas alturas se sabe dónde están los yacimientos mineros y se tiene una evaluación de su potencial. Asimismo, se sabe dónde la minería afecta todo el ecosistema y dónde es relativamente aceptable. Con ese conocimiento se puede elaborar un mapa que establezca dónde se puede desarrollar minería y dónde queda prohibida. Que se apruebe en forma plebiscitaria, porque si la ciudadanía lo respalda, ese acuerdo será poderoso e imparcial, justo lo contrario al Estado.

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