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martes, diciembre 02, 2014

Desapariciones: Para matar la esperanza _ Escribe: Ramón Vera Herrera / OJARASCA






Desaparecer es ingresar al limbo construido por el poder. Ni muerto, ni vivo. Y no por accidente o “confusión”, las desapariciones constituyen una estrategia creada por los nazis y que sigue reproduciéndose como un medio funcional para encubrir la represión de los estados que fungen de democráticos. 

Desde México, sacudido por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, nos llega este revelador artículo publicado por el suplemento OJARASCA, del diario LA JORNADA. Hay que leerlo. para superar la falsa impresión de que las desapariciones son únicamente  anécdotas trágicas y poder penetrar en el núcleo amoral del poder. (Jesús Hubert)


Desaparecer

Ramón Vera Herrera

“La Peste no está hecha a la medida del ser humano, por lo tanto el ser humano se dice a sí mismo que la Peste es irreal, un mal sueño que tiene que pasar. Pero no siempre pasa, y de mal sueño en mal sueño es el ser humano el que se desvanece... ¿Cómo poder pensar en la Peste que suprime el porvenir, los desplazamientos y las discusiones? El ser humano se creía libre y nadie será libre mientras haya Peste”. 
Albert Camus, La Peste


Hace unos años que el Estado contemporáneo juega a que desapareció, refuncionalizado como una despiadada pero eficiente maquinaria productivo-industrial, financiera, “de servicios y entretenimiento”, corporativa en esencia, aunque siga detentando aparatos militares y policiacos omnipresentes.

Lo real es que el Estado se fragmentó y se va imbricando —fluido y cambiante— con las estructuras de las corporaciones que lo cubren y le ordenan. De cuando en cuando aparece ahí, agazapado, cumpliendo la función central de administrarle facilidades a las corporaciones y controlar a la población, lo que abre dos modos monstruosamente interconectados: el enorme aparato burocrático con su enmarañamiento jurídico-legal, de papeleo, de historial, fiscalización, registro identitario, normas, estándares y políticas públicas que (como hemos insistido) abre margen de maniobra a las corporaciones y obstruye la justicia a la población, más un enorme aparato represivo de policía, ejército, gendarmería y fuerzas especiales que el Estado pone a disposición de todo (o parte) de su entramado.

En México y Centroamérica se juega hoy un experimento donde la condición de guerra es necesaria para la “estabilidad” (como en 1984 de Orwell). Es tal la imbricación, la interconexión entre tantos intereses contrapunteados, que la imagen de Estado frente a “grandes corporaciones” no alcanza a abarcar la “viralidad”, el entrecruzamiento de minúsculos, medianos y grandes grupos de negocios con las estructuras institucionales, visibles, gubernamentales y corporativas. El resultado es una fragmentación brutal de todas las relaciones, de la población y de las instituciones, una pugna angustiosa por mantener los márgenes de ganancia y una ineficiencia desigual de los mecanismos corporativos para seguirlo logrando. El panorama se extrema a niveles realmente enfermos: una voracidad que atropella y devasta con tal de lograr el despojo de lo que todavía queda. Para lograrlo, el dominio se cifra en instaurar una condición permanente de indefensión, confusión y fragmentación: un verdadero caos programado cuya planificación se la van peleando los bandos de un totalitarismo fragmentario y hasta feudal.

La delincuencia organizada crece y se hace visible, fomentada por la violencia institucional. En tanto se reproduce, los medios nos la muestran como separada de las estructuras corporativo-estatales, cuando empresa y gobierno están sumamente interpenetradas. Su sino es la corrupción.

Hoy es más cierta que nunca la frase de don Alfredo Osuna, del consejo de ancianos de la tribu yoreme de Cohuirimpo, en Sonora, cuando dijo que “el gobierno es la fase superior del crimen organizado”.

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Desde los años ochenta, con las reformas estructurales, las corporaciones se esfuerzan por deshacerse expresamente de todas las consecuencias indeseadas de su actuación. Las políticas derivadas de los ajustes estructurales, y los tratados de libre comercio que las hicieron inamovibles, buscaron que corporaciones y gobiernos evadieran la responsabilidad de los nocivos efectos de la devastación, el despojo y los crímenes de lesa humanidad desatados para mantener una condición perpetua de precariedad general (laboral, de género, alimentaria, habitacional, jurídica, educativa), esa deshabilitación general de los esfuerzos autónomos creativos de la gente, condición que fomenta la dependencia y la imposibilidad de zafarse de las redes delincuenciales en más y más estratos de la población.

En ese escenario sombrío, la desaparición de personas (como es el caso los muchachos de la Normal Rural de Ayotzinapa y muchos miles más) resulta tan consustancial al entrevero estructural del “sistema establecido”: una evasión de responsabilidades que casi no sorprende, combinado con un estado de terror con miras a paralizar en extremo.

Las primeras teorizaciones de este modo de operar se conocieron en los juicios de Nuremberg, donde se reconstruyó un decreto que los ideólogos nazis preconizaban como “innovación básica en la organización del Estado”: las desapariciones forzadas. Según Hitler y sus compinches el decreto era instaurar “la noche y la niebla” —una total incertidumbre sorda, ciega y muda. No dejar rastro, que no existiera ninguna información, ninguna pista, ningún atisbo de esperanza, porque incluso la muerte puede transfigurarse en sacrificio y por ende acrecentar la presencia de quien se quería literalmente “desaparecer”. Ni siquiera les parecía aconsejable entregar los cuerpos a los familiares “porque el lugar del entierro podrá ser utilizado para manifestaciones... A través de la diseminación de tal terror toda disposición de resistencia entre el pueblo, será eliminada”.

Para los generales argentinos, empezando por Videla en los años setenta del siglo pasado, ésta fue una táctica central de su contrainsurgencia. Así lo declaró en entrevista a la periodista argentina María Seoane: “si se dan por muertos, enseguida vienen las preguntas que no se pueden responder: quién mató, dónde, cómo”. Y para El Clarín en diciembre de 1979: “Es una incógnita el desaparecido. Si reapareciera tendría un tratamiento X, y si la desaparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento tendría un tratamiento Z. Pero mientras sea desaparecido no puede tener ningún tratamiento especial, es una incógnita, no tiene entidad [sic], no está ni muerto ni vivo, está desaparecido”.

Ésta es la brutalidad que se impone en estos momentos en México. El Estado-maraña no sólo desaparece a las personas, sino el sentido del tiempo y la significación de lo vivido por los familiares y la gente cercana o comprometida con romper esta pesadez que buscan instalarnos como condición permanente. Que la memoria, los presentes y futuros no hallen una salida y se conjuren para castigar las posibles ilusiones o expectativas de que estén vivos pero también el duelo y el horror de una muerte. Nos quieren refundir en el punto ciego.

Y no hay duda. En las condiciones actuales de México, el Estado es esa maraña que impide la vida cotidiana; esa imbricación de violencia, crimen organizado, corporaciones que devastan y despojan, y un sistema que empuja para que nada se aclare, para que todo se sumerja en un NO LUGAR y en un NO TIEMPO coludidos contra la esperanza de la gente.

Parafraseando al narrador de La peste de Camus, tenemos que tener la convicción de que a partir del momento en que la más mínima esperanza se hace posible en el ánimo de la gente, el reinado efectivo de la Peste pierde su viralidad, su poder de miasma asfixiante.

http://www.jornada.unam.mx/2014/11/08/oja-desaparecer.html


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